ACCIONES POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ORINOQUIA

Juliana Díaz Castillo

A raíz del acuerdo firmado en París en la COP 2 21, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para el 2030. La COP 21,

la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, es una de las acciones por cambio climático más emblemáticas de los últimos años. El resultado fueron 196 naciones firmando un acuerdo para limitar el calentamiento del planeta a dos grados centígrados. Para lograr este objetivo al nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente estipuló la creación de los Planes Regionales Integrales para el Cambio Climático. Éstos se formularon teniendo en cuenta la creciente deforestación en el país junto con las condiciones socioeconómicas y la ubicación geográfica de las zonas rurales donde existe una creciente preocupación de los efectos del cambio climático. Bajo estos parámetros, las CAR 3 formularon los planes de acuerdo a las condiciones específicas de cada región y fue el punto de encuentro entre la necesidad nacional, económica, social y ambiental, con un planteamiento de desarrollo económico que estuviera en armonía con la riqueza ecosistémica. En el caso de la Orinoquia, es necesario identificar los aspectos principales del Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía 2017 (PRICCO) liderado por Corporinoquia, Cormacarena, Ecopetrol, CIAT 4, CGIAR 5 y CCAFS 6 y analizar su viabilidad de acuerdo a los alcances de las autoridades ambientales.

Con la ley 99 de 1993 se crearon estas autoridades ambientales, se sectorizaron de acuerdo a las características territoriales (geográficas, de ecosistema, etc) y fueron denominadas las entidades encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio

ambiente, sus recursos naturales y velar por su desarrollo sostenible de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente 7. Sin embargo, el funcionamiento de estas

entidades depende en gran medida de factores políticos, sociales y de su relación con el sector privado. Este último punto es fundamental al hablar de una región como la Orinoquia, ya que no solo ocupa el 22 por ciento del territorio colombiano y representa el tres por ciento de la población del país, sino que ante todo su aporte al PIB es del seis por ciento y el aporte a la producción de crudo de petróleo respecto al resto del país es del 74,5 por ciento. Su importancia tanto económica como ambiental radica en que contiene 92 tipos de ecosistemas (74 por ciento llanos orientales, 19 por ciento zona húmedo tropical de la amazonía y 6,4 por ciento bosques medio y bajo de los andes), lo que permite una diversidad industrial. Su

diversidad ecosistémica en conjunto con su extensión y su diversidad industrial conlleva a que tenga un impacto del 17 por ciento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)

del país.

Con base en estos datos, el PRICCO establece una asignación de roles y responsabilidades para los gobiernos departamentales y locales, actores políticos, autoridades ambientales, academia, sociedad civil, gremios e institutos y centros de investigación. Paralelo a esto, delinea 40 metas específicas que corresponden a cuatro áreas estratégicas: hidropolítica basada en la conservación, ruralidad climáticamente inteligente, asentamientos humanos

resilientes y bajos en carbono, y minería e hidrocarburos. En relación a esto, cada una de estas metas tiene de forma detallada y especifica un plan de ejecución que incluye

estrategias de financiación con un presupuesto específico y la fuente de los recursos, reconocimiento de los grupos de interés involucrados tales como empresas, industrias y comunidades, y establece las amenazas de cada meta. En concreto, este plan propone dos posibles soluciones: mitigación o adaptación y tienen una proyección de tiempo de ejecución para cada meta. Estos tiempos van desde un mínimo de tres años (2020) a un máximo de 23 años (2040). Asimismo, el plan se basó en las proyecciones de los aumentos en la emisión de GEI de cada industria de la región para considerar tres posibles escenarios (uno real, uno optimista y uno pesimista). Esto se evaluó en el contexto de los efectos del cambio climático en diferentes ámbitos del ecosistema tales como temperatura, biodiversidad y precipitación, y en sectores como el agropecuario y el de la salud. Así, podría decirse que el PRICCO en su concepción teórica tiene en cuenta cada detalle y propone de forma clara la ejecución de cada uno de los lineamientos para cumplir las metas. Ahora, es necesario analizar la viabilidad de este plan en términos de la gestión de las CAR.

No cabe duda de que la concepción de este plan es milimétrica y prometedora, pero aun así, es pertinente cuestionar si su implementación es posible. En principio, se requieren esfuerzos que involucren transformaciones en la sociedad tanto de instituciones como de comunidades, y es allí donde pueden existir dos vacíos importantes: uno en cuanto a la relación de tiempo de ejecución y recursos económicos, y otro en cuanto a conflicto social y debilidad institucional. Con un plan que tiene proyectado más de 20 años de ejecución, es fundamental hacer un seguimiento minucioso para poder garantizar las fechas límite de cumplimiento de las fases. Del mismo modo, debe haber un control para velar por que la

financiación se esté usando de forma adecuada. Este rol, más allá de la asignación que propone el PRICCO, debe ser ante todo hecho por las comunidades de la región. En la medida en que haya una apropiación del plan por parte de las comunidades el éxito puede estar asegurado, ya que habrá un compromiso a largo plazo por reunir esfuerzos comunes para trabajar en dirección a una meta clara. Sin embargo, es allí donde flaquea la propuesta y entra a jugar el segundo aspecto. Esta región ha sido históricamente una zona afectada por la violencia y por la división geográfica del país, y con el proceso de paz en curso, esta región vive un momento crucial de inflexión. Por esta razón, la principal preocupación es que no haya una base sólida por parte de las instituciones para educar a las comunidades e incentivarlas a creer en estos cambios y en sus beneficios. Desde la Mesa Ambiental Uniandina, un grupo interdisciplinario de estudiantes que da a conocer las problemática del desarrollo sostenible y desde nuestras actividades proponemos formas de solucionarlo, hay dos aspectos claves en el análisis del caso del PRICCO: por un lado, confirmamos que es posible y es necesario que el cambio y redireccionamiento de estrategias hacia la construcción de un mundo sostenible debe hacerse desde la punta de la pirámide

institucional. Por lo tanto, es gratificante saber que existen este tipo de planes que nacen del gobierno y proyectan un cambio y una acción a nivel nacional. Por otro lado, en el análisis de

la implementación de un plan tan ambicioso y enriquecedor para Colombia, el concepto de sostenibilidad se renueva y reinterpreta debido al contexto social del país. Frente a la

premisa por la que nos hemos guiado de que “La sostenibilidad es un tema de todos” entendemos que en Colombia específicamente “La sostenibilidad es un tema social”. En este

sentido, en la meta por construir una sociedad que funcione de manera sostenible, hay que trabajar por fortalecer a una sociedad que ha sido vulnerada por un conflicto armado. Se debe trabajar por defender las necesidades básicas de una sociedad que históricamente ha puesto en juego su bienestar y promover que el significado de bienestar vaya de la mano de la sostenibilidad. Es aquí donde es fundamental velar por el fortalecimiento de las instituciones, como las CAR, que operan a nivel regional para que puedan responder a problemáticas ambientales y que las comunidades empiecen a percibirlas como legítimas en esta área.

El simple hecho de concebir un plan para esta región como lo es el PRICCO ya es un paso muy grande para el país puesto que abre las puertas para cuestionar y entender qué es lo que está en juego cuando se habla de los efectos del cambio climático. Entonces, se pone sobre la mesa realidades socioeconómicas, ambientales y se reta a pensar en soluciones que aportan a nuestro progreso y a un aporte al bienestar de nuestro planeta. En el fondo, este plan encarna el principio fundamental de la sostenibilidad, en otras palabras velar por el futuro de todos los colombianos y porque nuestras acciones aseguren los recursos de las generaciones futuras. Desde la Mesa Ambiental Uniandina nos cabe resaltar una última reflexión que nos ha suministrado un principio por el que nos guiamos: tenemos una sola tierra, y por lo tanto, un solo futuro.

Referencias:

1. Estudiante de Administración, Vicedirectora de la Mesa Ambiental Uniandina y representante de la Facultad de Administración en el Consejo Estudiantil Uniandino. Contacto: j.diazc1@uniandes.edu.co

2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015

3. Corporaciones Autónomas Regionales

4. Centro Internacional de Agricultura Tropical, un centro de Investigación de CGIAR

5. Un centro de investigación global colaborativo que se enfoca en seguridad alimentaria para la reducción de pobreza.

6. Programa de investigación de CGIAR, en inglés Climate Change, Agriculture and Food Security. En español, Cambio Climático,Agricultura y Seguridad Alimentaria.

7. Ley 99 de 1993, Título VI: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html