EL CANTAR DEL LLANERO DE PIEDRA
Patrimonio arqueológico de la nación. Desafíos para la Orinoquia
Diego Alejandro Medrano Acosta
Indagar sobre el pasado nos permite entender no solo quienes fuimos, sino quienes somos, para reflexionar sobre lo que seremos.
“Patrimonio” deriva del latín “patrimonium” (patri- padre; monium- recibido): “aquello heredado del padre”. Para efectos contemporáneos, se entiende como aquello que se posee como consecuencia de una herencia. Por lo que el patrimonio, de una u otra manera, es un vínculo entre un pasado y un presente a través de un legado. Desde esta perspectiva, es de pensar que éste, junto con la historia que nos cuenta, crea identidades.
Colombia tiene un legado que constituye su pasado y la legitima como nación. Existe una historia que es compartida y apropiada por quiénes la habitan. Dicho de otro modo, una historia común que genera unidad. Por esta razón, es importante para el Estado preservar el legado de aquellos que una vez ocuparon su territorio. Pues, también son entendidos como parte constituyente de la historia nacional.
La herencia cultural de nuestros antepasados presenta una gran diversidad en sí misma, desde relatos orales, hasta cantos y bailes. Pero, al referirnos a los primeros pobladores del territorio colombiano, existen otros elementos que perduran mejor en el tiempo y nos permiten entenderlos. Por ejemplo, dibujos grabados en piedra (petroglifos), metales modificados (orfebrería), herramientas elaboradas en piedra (líticos), cerámica (alfarería), textiles, entre otros elementos que nos demuestran la ocupación prehispánica del territorio colombiano y contribuyen a la reconstrucción del pasado nacional. Todo esto es llamado patrimonio arqueológico de la nación y, como se mencionó anteriormente, cuenta con una reglamentación que busca salvaguardarlo.
De acuerdo con la normatividad colombiana, todo el territorio del país se considera de potencial de riqueza arqueológica (Decreto 138, 2019, art. 2.6.1.6). Adicionalmente, todo bien de interés cultural es inalienable, inembargable e imprescriptible y no requiere de declaratoria para ser reconocido como tal (Const., 1991, art. 63 y art. 72). En este sentido, el Estado debe garantizar su salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación (Ley 397, 1997, art.4). En Colombia, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) es el principal ente estatal encargado de que todo lo anterior se cumpla (Decreto 2667 de 1999).
En este sentido, todo proyecto que requiera licencia ambiental e implique remoción de la capa vegetal, suelo y/o subsuelo, debe tener un PMA (Plan de Manejo Arqueológico) con tal de prevenir los posibles daños que se puedan generar al patrimonio arqueológico de la nación (Ley 1185, 2008, art.7). Para ello, los arqueólogos y arqueólogas presentes en los proyectos deben realizar todo un proceso investigativo en el área y rendir cuentas de los resultados ante el ICANH.
Este quehacer arqueológico es denominado arqueología preventiva, de rescate o de contrato y emerge como aquel oficio que vela por la protección del registro arqueológico de la nación; de tal manera que, aporta a la investigación académica del pasado, rescata contextos arqueológicos y permite el desarrollo civil sin perder la oportunidad de reconstruir nuestra historia. Adicionalmente, esta labor ha permitido identificar diferentes sitios de alto interés arqueológico a lo largo de todo el territorio nacional.
La Orinoquia no es la excepción y, gracias al elevado número de investigaciones arqueológicas llevadas a cabo los últimos años, varios han sido los sitios arqueológicos descritos para la región. En el último estudio realizado por el ICANH en 2010, para los llanos orientales se encontraron registradas 119 áreas con alto potencial arqueológico. Es decir, lugares donde se pudo evidenciar gran cantidad de vestigios de grupos humanos del pasado. El departamento con mayor número de sitios fue el Meta con 49. Le sigue Casanare con 40 y, en menor representación, se encuentran Vichada (8), Guaviare (6) y Arauca (2). Los departamentos de Guainía y Vaupés no fueron abarcados en este estudio.
Las cifras son de hace casi una década. Sin embargo, la tendencia actualmente es similar. Pues, en esto incide el número de proyectos realizados por departamento. Así, entre más de estos se tenga, mayor es el número de investigaciones en el marco de la arqueología preventiva que allí se debieron realizar. Por lo tanto, mayores las probabilidades de encontrar áreas de alto interés arqueológico. No es secreto que, para los departamentos donde el número de sitios arqueológicos es escaso, pocos han sido los proyectos desarrollados. Adicionalmente, la dificultad en el acceso al territorio incide en el poco registro arqueológico que se posee de departamentos como Guainía, Vichada y Vaupés.
Ahora bien, al hablar del patrimonio arqueológico, no solo se habla de su protección sino también de su divulgación. Por lo que aquí entran a jugar un papel importante los museos. Pese a esto, es precisamente este sector el que presenta grandes falencias en la Orinoquia. De acuerdo con el último diagnóstico del sector museal colombiano, en la Orinoquia solamente se encuentran registrados en el Sistema de Información de Museos Colombianos (SIMCO) seis instituciones museales, de las cuales solamente cuatro divulgan patrimonio arqueológico de la región. Es un número muy bajo teniendo en cuenta que en el resto del país hay 353 museos registrados. El SIMCO se creó con el objetivo de entender las dinámicas del sector y, de esta manera, propiciar políticas públicas que lo fortalezcan. Al ser tan baja la representación llanera, claramente las políticas nacionales poco suplirán las necesidades particulares de la región.
Llegados a este punto, es importante entonces preguntarse ¿Qué están haciendo las gobernaciones actuales para fortalecer el sector museal? ¿Este sector está presente en los planes de gobierno de los diferentes mandatarios? Sin duda, los museos son un espacio que nos permiten encontrarnos con nuestro pasado y, por ello, no deben dejarse de lado.
Pero el problema es de parte y parte, los llaneros tampoco asistimos a estos espacios culturales. Para el 2013, todos los museos de la región se encontraban entre los últimos 10 de la lista. El departamento con mayor número de visitas dentro de la región fue Casanare con 11.040. Más abajo en la lista se encuentra Meta con 3.000, Arauca con 1.200 y Guainía con 350. Conocer nuestro pasado nos permite generar mayor unidad regional y entender que la Orinoquia está poblada, por lo menos, desde hace 2700 años. Sin embargo, al parecer, son pocos los que lo conocen.
En el llano se escuchan cantos. Los cantos del cabestrero. Pero allá, Llano Adentro, se escuchan los cantos de los llaneros de piedra. De los primeros pobladores de la Orinoquia. Ellos, nuestros ancestros, nos han dejado un gran legado. Legado que poco conocemos y aunque en los museos se canta, poco acudimos a su llamado. Debemos entender que los primeros pobladores de la Orinoquia también nos cuentan historias, nuestra historia.
Referencias:
1 Antropólogo de la Universidad de los Andes con estudios complementarios en biología.
2 Gómez, J. (2014). De-construir el patrimonio…. En: Antes de Orellana. Actas del 3er Encuentro Internacional de Arqueología Amazónicaio. Quito-Ecuador: Stéphen Rostain [Editor], pp. 423-431.
3 Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008.
4 Para mayor información sobre la normatividad colombiana que rige al ICANH:
5 Botiva, Á. (1990). Teoría y práctica de la arqueología de rescate En: Boletín de Arqueología de la FIAN, 5 (1), p.p. 41-54.
6 Enciso, B. (2010). Información temática sobre bibliografía arqueológica. Registro de sitios arqueológicos. Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH: Bogotá D.C.
7 Díaz, M. (2014). Colombia, territorio de museos. Diagnóstico del sector museal colombiano. Año 2013. Museo Nacional de Colombia: Bogotá D.C.
8 Barona, Gómez & Domínguez (1998). “El proceso de construcción territorial de la Orinoquia colombiana en el siglo xix”. En: Domínguez, Camilo (ed.), Colombia Orinoco. Fondo para la Protección del Medio Ambiente, Bogotá, pp. 203-218.
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