¿Necesitamos una reforma tributaria?

Los impuestos son contribuciones obligatorias que realizan los ciudadanos al Estado para que este brinde los programas necesarios para el desarrollo social y económico de un país. Siempre ha sido impopular el anuncio de subir los impuestos, y más aún, en un contexto de pandemia, donde las cifras de pobreza han aumentado y el tejido social se ha venido deteriorando. De acuerdo con la información del DANE para 2020 la pobreza monetaria fue 42,5% y la pobreza monetaria extrema fue de 15,1% en el país. Para el caso del Meta la pobreza monetaria tuvo un incremento de 2,3% de 2019 a 2020.

Sin embargo, es esta situación coyuntural la que invoca el planteamiento y la necesidad de una reforma tributaria, pues los programas sociales del Estado requieren de una fuente de financiación, la cual puede ser por vía de recursos propios obtenidos de los ingresos recibidos de los impuestos o vía crédito.

El gobierno nacional presentó un proyecto de reforma tributaria llamada ley de solidaridad sostenible, que tiene como propósito recaudar un total de 23 billones de pesos, los cuales permitirían hacer frente, al alto nivel de gasto del gobierno en la contingencia de la pandemia del COVID-19.

Aunque el proyecto de ley tiene tres frentes, tanto los políticos como los medios de comunicación se han centrado en la parte que más polémica genera, como los titulares relacionados al IVA para los servicios públicos, impuestos a las pensiones e IVA a productos de la canasta familiar. El ciudadano al escuchar a los medios de comunicación y a los congresistas que difunden estos titulares, entra en un gran descontento, pues no escucha la noticia completa y mucho menos lee un proyecto de ley, que es poco pedagógico y tiene más de 300 páginas.

Pero el Proyecto de Ley 594-2022C, enfatiza en el artículo 37 que el IVA para los servicios públicos no se aplicará al percentil de las personas más pobres ubicadas en los estratos 1 y 2. De igual manera, los artículos 63 y 64 disponen que las pensiones que serán gravadas son superiores a 1.600 UVT, es decir 4,8 millones de pesos o que en el art. 42 y 51 se formalizará un mecanismo de devolución del IVA para las personas más pobres.

Vale la pena destacar otros puntos claves de la reforma, como lo son los artículos 59 al 62, los cuales señalan la posibilidad de gravar los aportes a los fondos de pensiones voluntarias. Actualmente, las personas naturales pueden destinar un porcentaje de su ingreso a un fondo de pensiones voluntario. Estos ingresos que se convierten en ahorro, se pueden descontar de la base del cálculo de impuesto de renta. Es decir, que un ciudadano que gana 15 millones de pesos mensuales (unos 180 millones al año), y que decide ahorrar el 20% de sus ingresos en un fondo de pensiones voluntarias, ya no declararía renta sobre los 180 millones que recibe de salario al año, sino sobre 144 millones dado que los 3 millones de pesos mensuales que decidió ahorrar no hacen parte de los ingresos que declararían renta.

En materia de impuestos verdes se propone la posibilidad de gravar los plásticos de un solo uso utilizados para empacar o envasar, con un 0,00005 UVT por cada gramo de envase, embalaje o empaque. También los impuestos nacionales al consumo de plaguicidas con un 8% de tarifa o el impuesto nacional al carbono con una tarifa de $41.861 por tonelada de carbón térmico.

En cuanto a los temas sociales, se plantea la posibilidad de crear de forma permanente el ingreso solidario, un mecanismo efectivo de redistribuir la riqueza y apoyar a todas las familias vulnerables que existen en el país. Siendo éstos los primeros pasos que está dando el país para cuidar el medio ambiente y disminuir la brecha social.

Claro que este proyecto de reforma tributaria no es perfecto y tiene muchas oportunidades de mejora como por ejemplo: (i) discutir los impuestos sobre las bebidas azucaradas, las cuales han tenido un impacto negativo en la salud de los consumidores, y según expertos se podrían recaudar 1 billón de pesos, (ii) definir instrumentos de tributación para el 0,5% de la población más rica del país, (iii) los tres días sin IVA, los cuales promueven principalmente consumo de productos importados y (iv) la consolidación de todos los programas sociales, cuya dispersión genera mayores costos de operaciones y de gestión. (Programa Familias en Acción, Programa Jóvenes en Acción, Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor).

Después de este panorama general, se puede decir que existen argumentos a favor de que haya una reforma tributaria de carácter urgente que permita distribuir los ingresos de los colombianos, siendo solidarios con los más pobres y aminorando los efectos de la pandemia del covid-19. Asimismo, adicional a las mejoras del proyecto de ley, es imperioso realizar una campaña educativa frente a la necesidad de incrementar los impuestos, de aportar una parte de nuestros ingresos, donde todos los colombianos aportemos en la medida de nuestras posibilidades.